La situación de las telecomunicaciones en México es el perfecto ejemplo de una carrera en cámara lenta: las demandas crecen, la tecnología avanza, y las reformas existen… pero la inversión nueva, la que realmente pondría a México a la altura de sus vecinos, no llega. A pesar de los logros que nos dio la reforma de telecomunicaciones en 2013, que abrió el mercado a más competencia y permitió que los precios bajaran hasta 26% en algunos servicios, el sector sigue estancado.
Y no es porque el mercado esté cerrado a nuevas propuestas. De hecho, el problema es justo lo contrario. La Canieti acaba de declarar que de toda la inversión que entra al sector, solo el 7% es capital nuevo. Imaginen, de cada 100 pesos que se invierten, apenas 7 están inyectando innovación y nuevos proyectos en el sistema. ¿Por qué es esto un problema? Porque sin inversión fresca, las empresas grandes seguirán teniendo el control. Un ejemplo de esto es América Móvil, que sigue dominando más del 60% del mercado y, a pesar de las medidas regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), nadie ha logrado realmente quitarle peso.
Esto nos deja en una encrucijada, y aquí es donde entra la propuesta de los incentivos fiscales. En países como Brasil, se han dado cuenta de que, para que un sector tan vital como el de telecomunicaciones crezca, no basta con buenas intenciones. Necesitas políticas concretas: exenciones fiscales, facilidades para licencias, y apoyo directo a la infraestructura en áreas rurales. En Brasil, por ejemplo, han apostado por invertir en las zonas de menor densidad, permitiendo que los costos de operación para las empresas sean más llevaderos. Pero en México, este tipo de estrategias sigue siendo un pendiente.
En cuanto a la cobertura, el INEGI reporta que solo el 40% de las zonas rurales tienen acceso a internet, comparado con el 70% en áreas urbanas. Esto significa que millones de mexicanos siguen sin una conexión decente. Hablamos de estudiantes que no pueden hacer sus tareas, de pequeños negocios que no logran digitalizarse y de familias que siguen desconectadas de servicios básicos de comunicación. Y claro, esta falta de competencia y de nuevas inversiones tiene consecuencias en el día a día: precios altos, menos opciones, y servicios que no siempre cumplen con las expectativas.
¿Por qué entonces seguimos atrapados en esta burocracia sin fin? Porque la política regulatoria en México parece estar más enfocada en controlar a los gigantes que en incentivar a los nuevos jugadores. Sin embargo, controlar sin fomentar la competencia termina siendo un callejón sin salida. Necesitamos un cambio en la estrategia, y eso incluye que tanto el IFT como el gobierno federal asuman que la falta de inversión no se va a resolver solo con regulaciones.
¿Qué pasaría si México, de verdad, apostara por un sistema de incentivos robusto? Quizás, por primera vez, el usuario final estaría en el centro de la conversación. Los precios bajarían, la calidad de los servicios mejoraría y, sobre todo, el acceso a la conectividad sería menos desigual. La pregunta es si el gobierno está listo para asumir ese reto. Porque mientras seguimos debatiendo qué hacer, otros países nos llevan años de ventaja en la competencia digital, y el mexicano promedio sigue pagando caro por un servicio que debería ser accesible para todos.